TVT | Redacción digital

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la iniciativa preferente a la Ley de la Industria Eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, tienen como fin retomar la rectoría de Estado en un sector estratégico, ya que únicamente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puede garantizar un sistema eléctrico nacional continuo, confiable y estable.

La funcionaria también defendió que el mandatario sólo hizo uso de sus atribuciones, por lo que será el Congreso quien decida y, en su caso, impugnarla.

“Si alguien está inconforme podrá impugnar lo que a su derecho corresponde”, dijo.

“Desde que llegó Andrés Manuel López Obrador al gobierno se ha retomado la rectoría del Estado que en algunos años se olvidó. El suministro de energía es un sector tan estratégico que es una rectoría que debe estar en el Estado”, dijo desde Palacio Nacional.

Sánchez Cordero expresó que dicha iniciativa no significa que no participarán los particulares, aunque, resaltó que ello será con “ciertas reglas y ciertos límites”.

“¡Imagínate nomás! Un sistema eléctrico no confiable o no estable, o no continuo en los hospitales, por un segundo, todo lo que está conectado a la energía eléctrica de ventiladores, en la pandemia. No podemos tener energías intermitentes”.

“Bienvenida la participación y ahí está en la ley, pero la rectoría en estos sectores estratégicos tiene que estar en el Estado, precisamente por la confiabilidad, estabilidad y continuidad en el servicio”, enfatizó.

El pasado 1 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa preferente de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual limitaría la generación privada de energías renovables para priorizar a la empresa eléctrica del Estado, propuesta que ha generado preocupación en el sector empresarial.

Por ser de carácter preferente, el Congreso tendrá 30 días para discutir la iniciativa, que busca “fortalecer a la empresa productiva del Estado, CFE, para beneficio del interés nacional”, según establece el proyecto.

Fuente: El Economista