TVT | Redacción digital
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este lunes las reformas aprobadas por el Congreso a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos para trasladar las facultades del control y administración de los puertos del país de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de Marina (Semar).
En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el titular del Ejecutivo federal fijó un plazo de 180 días (seis meses) para la entrada en vigor de ese traslado de facultades, y para que la Secretaría de Marina, en el ámbito de sus respectivas competencias, expida las modificaciones del Reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, del Reglamento de la Ley de Puertos, del Reglamento del Centro Unificado para la Protección Marítima y Portuaria y de las disposiciones administrativas correspondientes.
Este lunes, el presidente López Obrador nombró a Ana Laura López Bautista Coordinadora General de Puertos y Marina, y será la responsable de esta transición.
Las reformas establecen que la Secretaría de Marina será responsable de ejercer la Autoridad Marítima Nacional en las zonas marinas mexicanas, costas, puertos, recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales; así como, en su caso, aguas nacionales donde se realicen actividades de su competencia.
Entre las facultades que se dan a la Marina están: administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal, y otorgar concesiones y permisos para la ocupación de las zonas federales dentro de los recintos portuarios.
En el decreto, el Ejecutivo federal dio un plazo de 180 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para la entrada en vigor de dichas reformas.
Reformas que generan polémica
Estas reformas han causado polémica entre expertos que consideran que se trata de la militarización de los puertos del país.
Sin embargo, a decir de la presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Rocío Barrera Badillo de Morena, buscan cumplir con normas internacionales y crear un marco jurídico acorde a nuestras realidades, puesto que la SCT no tiene el personal para cumplir con sus tareas al 100%, ya que de 3,000 contenedores que llegan a Colima solamente se revisa 10% por no tener la capacidad para realizarlo a todo el embarque.
A decir de la diputada, esto es necesario para que México cumpla en 2022 con el estándar internacional en el tema comercial y generar recursos que beneficien al país.
Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, expresó en su momento que “esta reforma espera lograr un control efectivo de las embarcaciones nacionales y extranjeras en zonas marinas mexicanas; una educación náutica mercante con estándares internacionales; protección y seguridad marítimo-portuaria eficaz; control y transparencia del dragado en el país; mayor eficiencia en regulación tarifaria; y una Autoridad Marítima Nacional unificada y consolidada”.
El pasado 4 de agosto, durante el seminario “Puertos, aduanas y militares”, organizado por el Colegio de México, expertos coincidieron en que el control por parte del Ejército y Marina de los puertos y aduanas del país, no es algo nuevo, puesto que se ha hecho desde 2016 y está probada que su presencia sí reduce la corrupción, aunque su presencia no debe ser “endémica”.
“Este es el gran problema del fentanilo en la aduana de Manzanillo que todo mundo señala que en los acuerdos México-Estados Unidos se está pidiendo la entrada de parte de la Secretaría de Marina por la falta de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, dijo aquella ocasión el investigador de la UNAM, Raúl Benítez Manaut.
Por su parte, Miguel Basáñez Ebergenyi, académico y ex embajador de México en Estados Unidos entre 2015 y 2016, expresó: “yo veo con optimismo la decisión de involucrar a la Secretaría de Marina en el manejo de los puertos; estoy consciente de que las expone y las debilita por lo cual debe ser una medida temporal, pero el caso es gravísimo, lo digo por cómo el crimen y el narcotráfico han ido ascendiendo su influencia lentamente desde la organización de Miguel Ángel Félix Gallardo, y fue subiendo a los niveles de policías municipales, estatales, federales, a Fiscalías, a Generales, a Secretarios, hasta que llegaron a penetrar los más altos niveles”.
Fuente: El Economista