TVT | Redacción digital
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar por más de 4 millones de pesos a 19 empresas y 18 personas, por triangulación y aportaciones indebidas a Jaime Rodríguez Calderón durante su campaña como candidato independiente para la gubernatura de Nuevo León, mientras que él fue exonerado por su derecho a votar y ser votado.
La Comisión de Quejas y Denuncias presentó ante el INE el proyecto que acredita que tan sólo las empresas Grupo Comercial Gruten S.A. de C.V, Piserra Construcciones y Attar 2715 S.A. de C.V triangularon seis millones 521 mil 179 pesos para la campaña del “Bronco”.
Las dos primeras, desaparecieron de manera inmediata poco después de hacer los depósitos, por lo que fue imposible aplicarles una sanción.
Mientras que la empresa Attar 2715 fue multada por 252 mil 761.6 pesos tras comprobarse que emitió aportaciones indebidas a esa campaña por 252 mil 750 pesos, de los cuales, 108 mil 250 se emitieron a través de transferencias Oxxo-Saldazo, y 144 mil 500 pesos en múltiples transferencias SPEI a varias instituciones bancarias. Esta compañía además, está actualmente involucrada en el presunto desvío de recursos de la Cooperativa Cruz Azul.
A otras 18 empresas y 18 personas se les impusieron multas que van desde los 11 mil 323 pesos hasta los 229 mil 993.3 pesos, sumando más de tres millones 965 mil pesos.
Mientras que en el caso del gobernador de Nuevo León se concluyó como no acreditada la infracción, pues si bien hizo aportaciones a su campaña, demostró que vendió dos inmuebles para poder realizar su candidatura independiente y ejercer su derecho de votar y ser votado.
Se trata de la venta de dos bienes inmuebles a Proyecciones u Desarrollos inmobiliarios MX S.A de C.V., uno de ellos por un millón 84 mil 549 pesos y otro por 658 mil 529 pesos.
“Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón manifestó que la aportación es por la venta de su propio patrimonio y que el destino que le dio al mismo, lo hizo en plena libertad de decisión y a un fin valido y legal como es la aportación de recursos para la recolección de apoyos a sus aspiraciones políticas, por lo que pretender limitar o sancionar dicha acción violenta para sus garantías de votar y ser votado y de libre asociación”, indica el proyecto aprobado por unanimidad.
Fuente: Milenio