TVT | Redacción digital
México planteó la creación de un “frente común” de América Latina y el Caribe para combatir la corrupción.
La propuesta se hizo en el contexto de la cuarta reunión de ministras, ministros y altas autoridades de Prevención y Lucha contra la Corrupción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó ayer en forma virtual y en la que participaron representantes de 25 países de los 33 que integran la comunidad.
Al abrir las discusiones, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, quien representa a México en la presidencia pro tempore de la Celac, señaló que la lucha contra la corrupción es un “tema crucial” para la región.
Destacó que contra ese fenómeno, las naciones latinoamericanas y caribeñas deben ser capaces de fijar sus propósitos, los avances que cada país tiene y cómo identificar los próximos pasos en el combate a este flagelo.
En el país, aseveró, “la corrupción ha sido identificada por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, como el adversario principal de nuestro país, como la causa primordial que explica muchos de los problemas más serios de México y, por lo tanto, tiene ésta, la lucha contra la corrupción, la más alta jerarquía”.
Correspondió a la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, encabezar los trabajos de la reunión, y llamó a los países de la Celac a crear un frente común de combate a esta práctica. Indicó que la corrupción arrebata oportunidades de desarrollo, genera desigualdad, erosiona democracias y merma la confianza en las instituciones.
Retornar a lo público
Por ello, convocó a caminar hacia el retorno de lo público, alejándose de las perspectivas que llevaron al gerencialismo, la deuda y la privatización.
Este flagelo, subrayó, no puede seguir siendo visto como asunto cultural o como tema estrictamente administrativo, sino que se trata de un fenómeno institucional y político “que requiere de soluciones estructurales. Se alimenta del abuso de poder, la impunidad y la falta de voz ciudadana en asuntos públicos”.
Fuente: La Jornada