TVT | Redacción digital

Conforme a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Relaciones (SRE) hizo público en Internet el expediente del general Salvador Cienfuegos Zepeda, acusado de narcotráfico en Estados Unidos y exonerado en México.

El documento de 751 páginas contiene la carta que el Departamento de Justicia de EU envió al canciller Marcelo Ebrard con toda la información del caso contra el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que el Gobierno de México solicitó todos los detalles al procurador general William Bar.

“Confío en que esta información permitirá mayor comprensión sobre este asunto, así como un mejor entendimiento de la situación. También me permito asegurarle nuestro compromiso para seguir trabajando con el Gobierno de México a medida que este asunto vaya avanzando”, señala Timothy J. Shea, administrador interino del Departamento de Justicia de EU.

En la misiva fechada el 29 de octubre de 2020, Estados Unidos aclara que el general Cienfuegos nunca fue el objetivo central de la DEA, quien descubrió información que reflejaba su actividad delictiva durante el curso de una “investigación independiente de gran relevancia”, que comenzó en 2013 contra distribuidores minoristas de heroína de Las Vegas, con la que se obtuvieron las pruebas que condujeron a la detención del extitular de la Sedena.

Explica que los narcomenudistas eran abastecidos por la organización de tráfico de drogas de Juan Francisco Patrón Sánchez originaria de Nayarit, a quienes se les interceptaron comunicaciones electrónicas, autorizadas previamente por una corte estadounidense.

“En esta investigación la DEA nunca tuvo como objetivo directo a ningún funcionario del Gobierno de México, tampoco estuvo vigilando o investigando las actividades de Cienfuegos Zepeda dentro de territorio nacional mexicano, ni influyó en la decisión de viajar de Cienfuegos Zepeda a los Estados Unidos, siendo esto último lo que condujo a su arresto”, precisó.

Relata que la investigación contra los narcomenudistas de Las Vegas siguió su curso y en 2015, la DEA obtuvo el permiso para realizar intercepciones electrónicas del fuero federal contra un personaje identificado como Daniel Silva Gárate y Juan Francisco Patrón Sánchez, donde se encontraron conversaciones con una persona que más adelante se supo era Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Las pruebas contra Patrón Sánchez, incluían unas referencias a Cienfuegos Zepeda como ‘Padrino’ y ‘Zepeda’ y consistieron en capturas de pantalla de mensajes que Cienfuegos Zepeda intercambió con Silva Gárate, mismos que fueron compartidos por Silva Gárate y Patrón Sánchez. Asimismo las pruebas incluían unas capturas de pantalla de comunicaciones de Cienfuegos Zepeda sobre reuniones de la DEA con sus homólogos del gobierno mexicano acerca de una investigación que tenía como objetivo a la organización de tráfico de drogas de Patrón Sanchez”, indica.

Subraya que las intercepciones electrónicas revelaron también el papel que el general desempeñaba al evitar los operativos militares en Nayarit con la finalidad de proteger las operaciones de Juan Francisco Patrón Sánchez.

El Departamento de Justicia agrega que en junio de 2019, los resultados de esta investigación fueron presentados ante un gran jurado federal en el Distrito Este de Nueva York, mismo que acusó a Salvador Cienfuegos Zepeda el 14 de agosto de ese mismo año de participar en una plan de importación y tráfico de drogas con la organización criminal asentada en Nayarit.

“En resumen, esta investigación reveló que mientras Cienfuegos Zepeda ostentaba el cargo de Secretario de la Defensa Nacional, él ayudó a la organización de tráfico de drogas de Patrón Sánchez a realizar sus acciones violentas e ilegales. Las pruebas acreditarán que él recibió sobornos de la organización de Patrón Sánchez a cambio de protección, brindó rutas seguras para el paso de las drogas y armas a la Ciudad de México y dio información sobre los operativos militares y policíacos de México”, asegura.

Insiste que las pruebas recabadas en EU consisten principalmente en comunicaciones interceptadas, pero también en decomisos físicos de drogas y en testigos cooperantes, quienes dieron detalles sobre estas actividades ilícitas.

Antes de despedirse en la carta del canciller Marcelo Ebrard, Timothy J. Shea manifiesta que siguen evaluando las pruebas en virtud de que otras personas podrían estar involucradas “y con gusto haremos las consultas pertinentes al Gobierno de México”.

Fuente: Excélsior