• La resistencia a la iniciativa se traduce en más de 3 mil juicios de diverso tipo, desde amparos hasta controversias constitucionales

TVT | Redacción digital

Una de las iniciativas más relevantes para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que pone límite a los altos salarios y prestaciones millonarias que por décadas percibieron los funcionarios de alto rango de la administración pública federal, no acaba de concretarse.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue la primera norma que aprobó la Cámara de Diputados en la actual Legislatura, en septiembre de 2018. López Obrador era presidente electo, la reforma era parte de su agenda prioritaria, pero de inmediato se iniciaron las acciones y controversias constitucionales y otros recursos jurídicos que en la actualidad suman más de 3 mil en contra de ese ordenamiento.

A partir de los amparos por inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender sus efectos y cambiar dos artículos de la ley, lo que la Cámara de Diputados hizo al aprobar en septiembre pasado una nueva.

Sin embargo, en el Senado de la República no hubo tiempo para votar la minuta en el periodo que recién concluyó, por lo que se pidió una prórroga a la Corte a fin de desahogar ese tema en el siguiente, que comienza en febrero de 2021.

“Han sido dos años de un constante estira y afloja con el Poder Judicial”, comentó el senador de Morena Martí Batres, quien lamentó que no se haya aprobado la minuta con la que se obliga a que ningún funcionario reciba un salario mayor al del Presidente de la República.

“El trajín que ha tenido que pasar la ley es muy accidentado”, y recordó que el ex presidente Enrique Peña Nieto se negó a promulgar la ley y al vencer el plazo legal, pero él, en su carácter de presidente del Senado, lo hizo y la nueva se publicó en el Diario Oficial de la Federación en noviembre de 2018.

Entonces se iniciaron los recursos legales presentados por la oposición, pero también por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral y otros titulares de organismos autónomos, inconformes con que sus altos ingresos se redujeran, sobre todo por la decisión de López Obrador de disminuir sus percepciones, dentro de su política de austeridad gubernamental.

Aunado a eso, la minuta que aprobaron los diputados en 2018 tenía nueve años en San Lázaro y en algunas partes estaba desfasada.

En la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, de Morena, quien nueve años atrás impulsó la minuta desde el Senado, encabezó los trabajos para corregir lo señalado por la SCJN. Entre otros cambios, se estableció la fórmula para definir el salario presidencial y la nueva ley se aprobó el pasado 20 de noviembre.

Alejandro Armenta, también de Morena, tenía listo ya el dictamen de la minuta de la Cámara de Diputados, pero el último día de sesiones, el 10 de diciembre, se decidió pedir una ampliación de la prórroga a la Corte. El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, comentó que el tiempo y la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 se les vino encima y no fue posible sacar toda la agenda pendiente.

Por su parte, Batres confió en que se apruebe a la brevedad. “Con ello se vendrán abajo más de 3 mil juicios de diverso tipo, desde amparos hasta controversias constitucionales, porque muchos de los conceptos impugnados están en la nueva ley”.

Agregó que así se dará un gran paso dentro de la 4T en materia de justicia salarial, “ya que tan importante es que suban los salarios mínimos de los trabajadores como disminuir los sueldos de privilegio de los mandos medios y altos”.

Fuente: La Jornada