El dirigente del PAN, Marko Cortés Mendoza, señaló como ilegales la reforma a la Constitución local para la ampliación de mandato de Jaime Bonilla y la “consulta” aprobada por el Congreso de Baja California para pretender darle validez a la “Ley Bonilla”, que amplía de 2 a 5 años el periodo de gobierno del morenista.
Indicó en un comunicado que ampliar el mandato en Baja California es lograr que ese método también se aplique en su momento para la permanencia de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de la República. “Hoy intentan ampliar el periodo de Bonilla, mañana intentarán ampliar el de López Obrador. Esto los mexicanos no lo podemos permitir”.
Agregó que “es una total aberración democrática porque esa consulta amañada no la va a realizar la autoridad electoral (INE), que es la que está facultada para llevar a cabo las consultas, pero además se propone efectuar después de haberse realizado la elección y de haberse aprobado la reforma legal, no antes de haber iniciado el proceso”, agregó.
Jaime Bonilla y Morena una vez más demuestran que para ellos “su fin, justifica sus medios”, ahora utilizarán los recursos públicos con fines electorales, ordenando a los “siervos de la nación”, condicionar a los bajacalifornianos los programas clientelares del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de que vayan a votar a favor de la ampliación de mandato de gobernador, aseveró.
Agregó que la “Consulta Bonilla” es una maniobra dilatoria, ilegal y tramposa, por parte de Morena, para que se pierda la discusión de fondo de la Ley que se encuentra “secuestrada” en el Congreso de Baja California y no ha sido enviada al Ejecutivo para su publicación, con el fin de que no sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pidió al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Baja California que ya se deje de estas trampas distractoras y envíe de inmediato la “Ley Bonilla” para su publicación, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación regrese la legalidad y la democracia a Baja California.
Fuente: La Jornada