La Asociación Mexicana de Impartidores y Operadores de Justicia en Materia de Adolescentes convocó al Diálogo entre sistemas de protección integral de este sector de la población, y destacó que para el Estado mexicano es prioritario lograr la plena reinserción social de infantes y jóvenes en conflicto con la ley, pero se requiere del trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno.
Por ello, el Sistema de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes y la asociación mexicana se comprometieron a incrementar espacios de comunicación entre los sistemas de justicia y de protección de la infancia y adolescencia, con la finalidad de robustecer políticas públicas, y revisar el plan de estudios de la especialidad en justicia para adolescentes.
En el diálogo efectuado vía remota, se abordaron temas como el enfoque para garantizar derechos humanos en la justicia especializada y la coordinación interinstitucional para consolidar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
En representación del Poder Judicial de Tabasco, el juez Gilberto Melquiades Miranda Díaz resaltó el compromiso del magistrado Enrique Priego con la justicia para adolescentes, y señaló que es elemental garantizar los derechos humanos de los menores sometidos a un proceso judicial, ya que de esto depende cómo responderán en el futuro.
Miranda Díaz, aseguró que el sistema ha permitido disminuir los índices delictivos. Refirió que en comparación de 2017 en la actualidad de cada diez delitos en Tabasco tres son cometidos por jóvenes. Hace tres años cuatro de cada diez ilícitos eran perpetrados por adolescentes, en su mayoría robo en sus diferentes modalidades, lesiones y violación, entre otros.
El juzgador tabasqueño consideró debe haber un cambio de mentalidad y apuntó que las medidas sancionatorias que se disponen en la ley nacional para adolescentes buscan socializar y educar a ese menor involucrado en una conducta delictiva para evitar que reincida.
En estos casos –dijo– si lo que se busca es reintegrar a ese niño, niña o adolescente todas las instituciones deben trabajar para garantizar que reciban atención en salud, educación, que se les busquen familias de acogida en caso de no tenerla, porque de eso dependerá que no reincidan en una conducta delictiva.