TVT | Redacción digital

El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que le aclare si el anuncio hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la devolución de tiempos oficiales a los concesionarios de radio y televisión, podría tener algún efecto sobre los tiempos que de manera ininterrumpida el órgano electoral ha administrado en atención a sus responsabilidades constitucionales.

También que se informe sobre cuál sería dicho efecto en términos de las implicaciones que tiene el modelo de comunicación establecido en la Constitución.

A través de una carta, los consejeros del INE solicitaron a la funcionaria que se haga saber si esas disposiciones “están pensadas únicamente en el marco de la emergencia sanitaria determinada por el Consejo de Salubridad General, a propósito de la pandemia del COVID-19, o bien si deben entenderse como una modificación permanente a las normas que rigen la función pública de la radio y la teledifusión”.

Resaltaron que es necesario tener claridad respecto a estos temas para que el instituto pueda ejercer plenamente las atribuciones constitucionales que tiene en la materia.

Recordaron que la Constitución, en su artículo 41, establece que el INE es la autoridad única para la administración del tiempo del Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

De igual manera señalaron que la Carta Magna también precisa que durante los procesos electorales, el INE administra 48 minutos diarios en radio y televisión. Y que, cuando no hay proceso electoral, del tiempo del Estado que es de 65 minutos diarios en radio y 48 minutos en televisión, al INE se le asigna el 12 ´por ciento.

Los consejeros destacaron que el modelo constitucional vigente “ha permitido un importante piso de equidad en las contiendas políticas, acotando el peso que el dinero tiene en el desarrollo de las elecciones, y que ha sustentado la rica pluralidad política que vive el país, al permitir comicios justos y competitivos en los que es la voluntad ciudadana y no el acceso a recursos económicos la que determina los resultados electorales”.

Por lo tanto, dijeron coincidir con el sentido y la pertinencia que tiene el actual modelo de comunicación política en materia electoral.

Fuente: La Jornada